La Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (ADICA) expresa su profunda preocupación y rechazo ante la decisión del Gobierno del Presidente Gabriel Boric de eliminar, por primera vez desde 1997, la asignación destinada a apoyar el pago de escolaridad para las hijas e hijos del funcionariado del Servicio Exterior destinado.
Esta medida afecta directamente a más de 100 niñas y niños, quienes acompañan a sus padres y madres en destinaciones que pueden extenderse por cinco años en el extranjero, seguidos de solo dos años de permanencia en Chile, antes de ser trasladados nuevamente a otro país. Garantizar la continuidad de su educación, en condiciones dignas y equivalentes a las que tendrían en su país de origen es una necesidad.
Quienes representamos al Estado de Chile en el mundo somos destinados a países con culturas, sistemas educativos y realidades muy distintas a las nuestras. Asegurar la continuidad educativa de nuestras hijas e hijos es una necesidad básica, considerando que en muchos países, la enseñanza en el idioma local es inviable, existen restricciones legales para el acceso de estudiantes extranjeros a colegios públicos o se enfrentan procesos de admisión altamente restrictivos.
El Estado tiene la responsabilidad de proteger a las familias de sus funcionarios públicos, especialmente cuando son destinados fuera del país, en condiciones complejas y exigentes. Como gremio creemos firmemente en la necesidad de defender este derecho adquirido, apoyado transversalmente durante 27 años por gobiernos de diferentes tendencias, como una herramienta esencial para asegurar que nuestras hijas e hijos no sean las víctimas invisibles de una decisión política injustificada.
Resulta profundamente contradictorio que, a meses del término del actual mandato, el Gobierno promueva la apertura de nuevas embajadas y la designación política de embajadores —con altos costos para el Estado en traslados, residencias oficiales y sueldos— mientras niega un derecho básico a quienes han servido profesionalmente a Chile durante décadas.
Los funcionarios del Cuerpo Diplomático de carrera desempeñamos nuestras funciones con el más alto compromiso con el interés nacional, a pesar de contar con una dotación reducida de apenas 470 personas y recursos presupuestarios progresivamente limitados. Asumimos destinaciones en contextos de alta complejidad política, cultural y humanitaria, muchas veces acompañados de nuestras familias que deben enfrentar la pérdida de sus redes de apoyo, cumpliendo con profesionalismo el mandato de representar a Chile en el exterior.
En este contexto, resulta particularmente preocupante que se nos niegue la continuidad de un beneficio esencial como la asignación de escolaridad, afectando directamente el derecho a una educación digna y estable para nuestros hijos e hijas, y comprometiendo las condiciones básicas para el ejercicio pleno de nuestra labor.
Por todo lo anterior, ADICA reafirma que continuará utilizando todas las vías institucionales, gremiales y legales disponibles para revertir esta medida. Hacemos un llamado al Presidente de la República a rectificar esta decisión y a honrar el compromiso que el Estado de Chile ha mantenido con sus funcionarios por casi tres décadas.